En informe, el FMI repara en que no se elevó IVA y siguen subsidios

La evaluación presentada por el organismo internacional aclara que “no pretende analizar prioridades de política económica para el nuevo Gobierno”. En términos generales hubo cumplimiento; se anotan algunas lecciones.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sacó varias lecciones tras la evaluación ex post (posterior) del acuerdo financiero que firmó con Ecuador y que se desarrolló entre 2020 y 2022.

Si bien de manera general el FMI considera que sí se cumplieron los objetivos del programa de financiamiento que entregó $ 6.500 millones –$ 4.000 millones a la administración de Lenín Moreno y $ 2.500 millones a la de Guillermo Lasso–, menciona que hubo varios obstáculos.

Lo entregado al Ecuador fue equivalente al 900 % de la cuota del país en la institución. Cuando un país tiene créditos con el FMI de más del 600 % de su cuota, está sujeto a una evaluación posterior.

En su informe presentado el pasado lunes, el FMI indica que a más de establecer los cumplimientos o no del acuerdo, de lo sucedido se extraen lecciones “para futuros compromisos con Ecuador, así como para el diseño de programas en términos más generales”.

El organismo anota que el informe se publicó ahora porque está a punto de cumplirse el plazo de doce meses mencionado en la respuesta anterior, no porque hay Gobierno.

Dice que las enseñanzas extraídas del informe “indican que se precisan reformas más profundas para garantizar la sostenibilidad fiscal, restablecer el acceso de Ecuador a los mercados internacionales de deuda y elevar el potencial de crecimiento del país”.

Pero aclara que el informe se centra fundamentalmente en el pasado. Por lo tanto, “el informe no pretende analizar prioridades de política económica para el nuevo Gobierno”.

Pese a ello, el actual ministro de Economía, Juan Carlos Vega, tras destacar como positiva la evaluación, adelantó que “el país nuevamente requiere mayor financiamiento de los organismos multilaterales”.

Para el FMI, existió un primer problema para la consolidación fiscal (reducción del déficit y robustecimiento de las finanzas): los bajos ingresos no petroleros, que son los impuestos. Recuerda que después de las elecciones del 2021, las autoridades abandonaron el aumento previsto del impuesto al valor agregado (IVA) y buscaron más bien recortar el gasto, lo cual fue difícil de cumplir.

En segundo lugar, recuerda que los disturbios civiles llevaron a las autoridades a detener la reforma de los subsidios al combustible, una política que se estableció antes del acuerdo del 2020 y clave para el ajuste fiscal previsto.

Según el FMI, el saldo fiscal estuvo cerca de los objetivos, pero fue realmente por el mayor saldo petrolero, “mientras que los indicadores de consolidación fiscal subyacente no alcanzaron los objetivos iniciales del programa”, sostiene.

Para el analista económico Alberto Acosta, es interesante que entre las conclusiones está que se debió haber colocado un mayor énfasis en la consolidación fiscal. Esto porque si bien en 2022 se lograron buenos resultados, para el 2023 reaparece un fuerte déficit.

El FMI también indica que desde el 2008, es decir en el gobierno de Rafael Correa, Ecuador atravesó “un periodo prolongado de expansiones fiscales insostenibles y participación limitada del Fondo”.

Según recuerda el FMI, Ecuador dejó de pagar sus bonos globales en 2008, pero recuperó el acceso al mercado en 2014. “El Gobierno utilizó las grandes ganancias derivadas de los altos precios del petróleo y nuevos préstamos para financiar una gran expansión fiscal. Aunque los indicadores de inclusión social y pobreza mejoraron,

Autoridades ecuatorianas citan que hubo un “apoyo legislativo débil”.

Informe refiere que no se avanzó en la reforma a los subsidios “por disturbios”.

la trayectoria fiscal insostenible socavó la viabilidad del régimen de dolarización”.

El informe contiene algunas observaciones de las autoridades ecuatorianas. Se atribuye a ellas haber reconocido que el programa contenía un ambicioso plan de consolidación fiscal y una sólida agenda de reformas, que fue implementado por dos administraciones, “ambas con un apoyo legislativo débil y limitaciones políticas significativas”.

Las autoridades explican: “Nos hubiera gustado continuar recortando los subsidios al combustible, pero nos enfrentamos a una feroz reacción social y política (...)”. (I)