Ley económica tendrá varias modificaciones

La Comisión de Desarrollo Económico sugiere quitar el texto del impuesto a la renta a la enajenación de inmuebles.

La Comisión de Desarrollo Económico recomendará al pleno de la Asamblea Nacional la eliminación del texto relacionado al cobro de un impuesto a la renta (IR) a la enajenación de inmuebles, contemplado en el proyecto de ley urgente de eficiencia económica y generación de empleo que el Ejecutivo remitió el pasado 27 de noviembre.

El anuncio lo realizó la presidenta de la mesa legislativa, Valentina Centeno (ADN), quien además comentó que se reconsideró el tema de los plazos y se acordó que el informe para primer debate esté listo pasado mañana, porque los asambleístas miembros de la comisión coinciden en los conceptos macros de la ley, como atraer inversión a través de zonas francas, las alianzas público-privadas y el concepto de generar empleo a través de incentivos tributarios.

La legisladora de Gobierno explicó que lo más probable es que el acápite sobre el IR a los proyectos inmobiliarios salga de la ley, pero que se mantendrá la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) a los materiales de la construcción, pues el espíritu de la propuesta es que el “ciudadano de a pie” que quiera invertir en materiales de construcción no tenga que pagar IVA, con lo cual se fomentará la construcción y además la infraestructura en vivienda.

Centeno dijo que el sector inmobiliario debe estar tranquilo, porque el espíritu del proyecto no es afectar o beneficiar a gremios de la construcción o empresarios inmobiliarios, sino más bien beneficiar al ciudadano común cuando adquiere materiales para construir su vivienda.

Por lo tanto, la oficialista anunció que se eliminará de la propuesta todo el acápite sobre la aplicación de un impuesto a la renta a los proyectos inmobiliarios que era una de las preocupaciones.

Lo que se analiza al momento en la mesa legislativa es si la devolución del IVA por la compra de materiales de construcción debe ser automática o de qué otra índole.

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea inició el pasado lunes el análisis del proyecto económico urgente. El plazo del Parlamento para concluir su trámite vence el próximo 27 de diciembre.

La legisladora Centeno invitó a los asambleístas y ciudadanos a perderles el miedo a las alianzas público-privadas, otro punto de la propuesta de ley, y dejar de lado la concepción de que la participación de un privado en un proyecto implica una privatización. Ella explicó que es simplemente una participación con una estructuración de proyectos que sean rentables para el Estado y los ciudadanos ecuatorianos.

Incluso dijo que en la comparecencia ante la mesa del ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, al comentar sobre las alianzas público-privadas, señaló que en el país solo el 17 % de la infraestructura vial está concesionada. Luque opinó que era un porcentaje muy bajo con relación a algunos países de la región.

Centeno comentó que las alianzas público-privadas están pensadas para todos los sectores, incluidos los de salud y educación. Durante el debate en la mesa se comentó que incluso en Chile las cárceles están concesionadas y funcionan muy bien con alianzas público-privadas.

El ministro de Transporte y Obras Públicas destacó que existe una brecha enorme sobre infraestructura vial en el Ecuador y no solo en ese sector, sino también en el energético y la idea es que con las alianzas público-privadas puedan venir inversiones a mediano y largo plazo que permitan empujar varios proyectos en distintas áreas.

Centeno aclaró que en la norma de manera expresa constará que este tipo de alianzas no admitirán privatizaciones, y que son proyectos que pasan por un informe favorable del Ejecutivo, pues se tiene que demostrar la rentabilidad para el Estado.

La asambleísta también dijo que la remisión por intereses, multas y recaudos será parte del proyecto de ley que significará una recaudación anual de cerca de $ 900 millones. La remisión de cartas, multas e intereses va porque va, dijo la legisladora.

Se eliminaría la parte de la ley sobre un IR a los proyectos inmobiliarios.