Lucha contra la corrupción gubernamental, estrategia en suspenso del presidente

El Gobierno no ha resuelto si mantendrá o desaparecerá el ente anticorrupción adscrito a Presidencia.

El gabinete de ministros y secretarios de Estado del presidente Daniel Noboa sigue en construcción. Una de las decisiones pendientes es si se mantiene o se desaparece la Secretaría Anticorrupción.

En los últimos quince años y el paso de tres mandatarios, se ha sostenido una unidad adscrita a la Presidencia para contrarrestar los actos de corrupción dentro de la Función Ejecutiva como una política de transparencia.

Noboa ha nombrado a 24 ministros y secretarios, pero tiene pendiente designar a otros funcionarios y resolver qué hará con las existentes Secretaría de Política Pública Anticorrupción o la Secretaría de Seguridad, que le heredó su antecesor, Guillermo Lasso.

En el plan de gobierno que presentó para la inscripción de su candidatura, Noboa expuso como propuestas de lucha contra la corrupción hacer un “diagnóstico técnico con auditorías internas y externas a los órganos gubernamentales para la determinación de nudos críticos”.

Con esos resultados implementaría acciones estratégicas para “combatir problemas relacionados a la corrupción y mal manejo de fondos públicos”, así como mecanismos de rendición de cuentas usando a los medios de comunicación y con “mesas de concertación y diálogo con organizaciones de la sociedad civil y representantes de los territorios”.

Esas reuniones serían periódicas y se “basarían en documentos técnicos y evaluaciones sociales”, detalla el plan.

Propuso también mejorar instrumentos para evitar la evasión fiscal o crear una página web que transparente la contratación pública, en cuyo caso existe el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Dentro del Gobierno hay un reconocimiento de que la corrupción aqueja al país.

La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, aseveró que la “corrupción se ha vuelto en la pata que sostiene la democracia y eso es lo más grave”.

Así lo expresó en una entrevista con el programa Carlos Vera a su manera, al ser consultada sobre las anomalías en el concurso para la renovación de jueces nacionales.

Y en entrevista con este Diario, el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, explicó que el presidente Noboa escogió un gabinete joven “porque ese es su estilo”, pero además porque sostiene que “en el Estado está incrustada la corrupción”. Entonces, apuntó el secretario, “una de las decisiones de nombrar gente nueva es para estar seguros de que no son parte de ninguna de estas incrustaciones”.

La organización no gubernamental Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) llamó la atención al gobierno de Noboa porque en sus “primeras alocuciones ha omitido referirse sobre la lucha anticorrupción y, de manera general, sobre sus políticas públicas en esta materia”. En un comunicado la CNA señaló que “la llamada nueva política y la gobernabilidad no pueden instituirse como un mecanismo que, directa o indirectamente, favorezca la impunidad”.

La última titular de la Secretaría de la Política Pública Anticorrupción, Ana Belén Cordero, consideró que sí es necesario que el régimen mantenga esta dependencia para prevenir estos hechos y debería otorgársele autonomía.

“Creo que se hizo un buen trabajo y se puede hacer mucho más si hay una cooperación interinstitucional, porque el Ejecutivo no puede hacer más si no tiene cooperación de otros organismos”, opinó.

En tres gobiernos hubo, al menos, trece secretarios Anticorrupción. Fue con la gestión de Rafael Correa que se creó un organismo interno de la Presidencia enfocado en la lucha contra la corrupción.

En el 2009, Correa implementó la Secretaría de Transparencia de Gestión, por la que pasaron ocho titulares.

Luego, con Lenín Moreno la institución cambió de nombre a Secretaría Anticorrupción, en el 2017. Tuvo tres presidentes.

En mayo del 2020, Moreno eliminó esa dependencia con base en la política de austeridad del gasto público.

Finalmente, Lasso reconstituyó la entidad con el nombre de Secretaría de Política Pública Anticorrupción, que tuvo dos autoridades. (I)

13 secretarios a cargo de enfrentar la corrupción en los últimos tres gobiernos.